La Procuraduría General de la Nación presentó a la alcaldesa de Quibdó, Chocó, Mary del Carmen Urrutia Murillo, 8 observaciones a la licitación para el “mejoramiento, renovación y ampliación de la Unidad Deportiva y Recreativa Aeroparque El Caraño en Quibdó, Chocó, Occidente”, por valor de $13.093´525.180, ante el riesgo de falta de transparencia, publicidad y límites a la pluralidad de oferentes.
Como parte de la vigilancia preventiva a la licitación No. 132-2019, el órgano de control advirtió que la falta de publicación en el SECOP – Sistema Electrónico para la Contratación Pública – de documentos como los estudios y diseños que permitan establecer la viabilidad del proyecto, su impacto ambiental, económico y social, podría estar vulnerando los principios de transparencia y publicidad que rigen la contratación estatal.
Sobre la experiencia exigida, que en este caso es de dos contratos equivalentes a por lo menos el 250% del presupuesto previsto para la obra, y los indicadores financieros, el Ministerio Público considera que son restrictivos y limitan la pluralidad de oferentes, al tiempo que no están sustentados razonablemente en los estudios previos.
Para la Procuraduría, la imposición a los oferentes de que el equipo mínimo requerido esté disponible en la zona de los trabajos al momento del cierre de la licitación, excede los límites legales, es desproporcionado y carece de sustento en los estudios previos. Frente al perfil profesional del equipo requerido también se encontró que es restrictivo.
La Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública también encontró que la licitación, contrario a lo establecido en la Ley Antitrámites, impone requisitos como la presentación de la libreta militar y la entrega de certificados originales, y establece como motivo para descalificar a los
proponentes la no acreditación de información que no es necesaria para la comparación de las propuestas, lo que resulta desproporcionado y contrario a la libre concurrencia en los procesos de selección.
La delegada identificó que los criterios de valoración del factor de calidad no quedaron definidos, lo que hace que puedan quedar al criterio del comité evaluador, con lo que se podría afectar la selección objetiva y vulnerar la confianza de los posibles proponentes.
Para el Ministerio Público no parece razonable que el proceso imponga al contratista la responsabilidad de asumir en un 100% los riesgos por posibles deficiencias de la alcaldía en la elaboración de los estudios y diseños.
La alcaldesa de Quibdó deberá en tres días responder las observaciones de la Procuraduría y publicarlas en el SECOP para que los ciudadanos y virtuales oferentes conozcan toda la información sobre este proceso contractual.
