El Juzgado 25 Civil Municipal de Oralidad decidió admitir la acción de tutela que instauró uno de los participantes para proveer el cargo de personero en la capital antioqueña contra la Universidad Pontificia Bolivariana y el Concejo de Medellín.
Además, la jueza resolvió dictar orden de medida provisional y ordenó a las dos entidades (UPB como realizadora de la prueba y el Concejo de Medellín quien contrató a la universidad para que hiciera la convocatoria) para que suspendan el concurso de méritos que se realiza para suplir el cargo de Personero Municipal de Medellín para el periodo 2020 - 2024.
La medida se da por la acción de tutela que interpuso Silvio Luis Rivadeneira, aduciendo la vulneración de sus derechos al debido proceso y al empleo público, por estimar que el cronograma de la Convocatoria 003 de 2019 contiene errores porque la prueba de conocimientos tuvo problemas de estructuración y calificación que conllevaron a que una sola persona la aprobara.
Precisamente, un g
rupo de aspirantes al cargo le pidieron al Concejo de Medellín la semana pasada, en una carta, que se repita el proceso, toda vez que sienten que la prueba técnica tuvo una “anomalía grave”.
La misma está relacionada con los tiempos otorgados para las pruebas realizadas el pasado jueves 28 de noviembre en el bloque 7 de la sede universitaria. Según explican, las pruebas se adelantaron en una jornada de 4 horas y 30 minutos y consistieron en dos tipos de examen: de conocimiento y de competencias.
La prueba de conocimiento constó de 90 preguntas con cuatro opciones de respuesta en forma de test. La prueba de competencias tuvo 20 preguntas con tres opciones de respuesta.
Según el grupo de firmantes, “el tiempo que otorgaron los organizadores para absolver las dos pruebas fue de 4 horas, el cual dividieron en dos horas para cada una, con un intermedio de media hora, cuyo cumplimiento fue radicalmente estricto”, dicen los participantes en una carta enviada a la presidenta del Concejo, María Paulina Aguinaga.
¿Qué dice el Concejo de Medellín?
Luego de la polémica por la carta, la presidenta del Concejo, María Paulina Aguinaga, respondió que la corporación carece de argumentos técnicos y jurídicos para pedirle a la universidad que repita los exámenes.
“Como no tenemos el conocimiento ni la experticia en el diseño de estas pruebas, para eso fue que contratamos una universidad certificada y de prestigio”, precisa.
Según Aguinaga, es la UPB la que deberá dar las explicaciones frente a los temas técnicos de la prueba como tal.
“Como Concejo fuimos transparentes al seleccionar la UPB y confiamos en que la universidad también siga el principio de transparencia, porque nadie manipuló el proceso, no privilegiamos a ninguno de los aspirantes y nos mantuvimos al margen”, señala al indicar que las pruebas tampoco fueron diseñadas ni validadas por la corporación.
