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Chocó es una de las regiones
más afectadas por el robo de recursos de la salud, hoy sus hospitales
no cumplen con las condiciones que se requieren para atender una pandemia como
la que estamos viviendo y aunque el Gobierno le ha girado los recursos
del sistema general de participaciones -que tienen destinación específica
en un 24.5% para la salud- y también ha recibido plata de las regalías,
estos recursos no son suficientes.
De acuerdo con los organismos de
control, en esta región son casi nueve mil millones de pesos los que se
han perdido o mal gastado en este sector, por eso la Contraloría
tiene actualmente 13 procesos por presunta responsabilidad fiscal,
con los cuales se busca recuperar estos dineros.
El primer caso tiene que ver
con los tres contratos en los cuales las interventorías no presentaron informes
de revisión, sino que al final presentaron uno solo general del régimen
subsidiado, y aquí se habla de una presunta responsabilidad fiscal de al menos
33 millones de pesos.
El segundo caso y más grave
es un presunto detrimento patrimonial de 7 mil millones de
pesos, en el proyecto de construcción y dotación de los centros
de salud del departamento en el año 2016.
La Contraloría también hizo
una actuación especial a los recursos destinados a pago de deudas del
régimen subsidiado en Tado, Chocó, donde se evidenció un presunto
detrimento de 755 millones de pesos, y adicional hubo un hallazgo
fiscal en un contrato de Chocó con Caprecom, para el servicio de
traslado ambulatorio y de urgencias para los
afiliados carnetizados del régimen subsidiado en varios
municipios.
Otro caso tiene que ver con un
incumplimiento de acciones de salud pública, en un plan
de intervenciones, lo cual llevó a que la administración municipal de Quibdó
realizara contrataciones por fuera de lo planificado.
Adicionalmente en los años 2011 y
2012, el Departamento Administrativo de Salud de Chocó utilizó los recursos del
servicio de salud para pagar multas, intereses que debía, gastos electorales y
hasta festividades navideñas.
Por otra parte está el caso de
Caprecom Territorial en Chocó, dónde se suscribió un contrato para el
servicio de suministro de oxígeno a los afiliados del régimen
subsidiado. En las autorizaciones para desembolsar los recursos no se
registran las firmas, además con esa misma entidad se evidenció un
contrato para prestar el servicio de traslado ambulatorio y de urgencias para
los afiliados del régimen subsidiado.
En el departamento de Chocó
también se presentaron casos de falsos de pacientes fallecidos, al
igual que en Córdoba, de los cuales Caprecom presentó certificados de
afiliación del Fosyga, que no es documento válido. Además, hubo inconsistencias
en las bases de datos correspondientes a los afiliados de otras EPS.
Fuente wradio
