La decisión se tomó tras dos auditorías, una en el 2019 y otra en marzo de este año, en las que se detectaron más de 60 hallazgos, “que hacen inviable su funcionamiento y ponen en riesgo la atención de sus usuarios”, expresó la Supersalud.
En concreto, se encontró que 877 consultas estaban represadas, 40 procedimientos quirúrgicos estaban pendientes, así como deudas con el personal médico especialista por más de cuatro meses, desabastecimiento de insumos y medicamentos y una deficiente planeación presupuestal.
Esta empresa social del Estado fue creada en diciembre del 2016, cinco meses después de que el anterior hospital, del mismo nombre, fuera liquidado por la crisis que atravesaba
“En la medida adoptada mediante la resolución 4891 del 10 de junio de 2020, la Superintendencia remueve del cargo al actual representante legal del hospital (Julia Yadira Halaby), y designa en su reemplazo al agente especial interventor Camilo Eduardo Ramírez, quien tendrá la tarea de formular un plan de acción que permita estabilizar las finanzas, corregir los problemas administrativos y brindar la atención de calidad que demandan los habitantes de Chocó”, informó la entidad.
Hallazgos en salud
En medio de la pandemia de covid-19, el nuevo San Francisco de Asís, que es el centro de referencia público del departamento, presentaba “serias dificultades que atentaban contra la adecuada prestación de los servicios de salud”, poniendo “en peligro real el derecho a la salud de la población más pobre y vulnerable”.
Por ejemplo, los auditores hallaron que el hospital no garantizaba el mantenimiento preventivo, correctivo y calibraciones de los equipos biomédicos, y presentaba fallas de calidad en la prestación de los servicios de laboratorio clínico, transfusión sanguínea y servicio farmacéutico.
En esa institución tampoco se lograba la apropiada manipulación de los alimentos que se les daba a los pacientes, toda vez que no se observaron prácticas higiénicas. Y en cuanto a gestión ambiental y sanitaria, se encontraron deficiencias en el manejo de los residuos hospitalarios y un inadecuado control de plagas, indicó la Supersalud.
Y, para rematar, tampoco había servicios de radiología, laboratorio de patología, cuidado intensivo neonatal, cardiología ni cirugía pediátrica.
Deudas y falta de insumos
Segúnlos hallazgos administrativos en la auditoría de marzo pasado, el centro médico público le debía cinco meses de salario al personal de planta, cuatro y medio a los especialistas y siete a los que estaban contratados por órdenes de prestación de servicios.
Por otra parte, la Superintendencia sostiene que el hospital expone a los usuarios a riesgos de infecciones y complicaciones debido al desabastecimiento de insumos, medicamentos y hemocomponentes básicos.
“No se aplican las normas de bioseguridad, los pacientes no están identificados con manillas, hay medicamentos abiertos sin fecha de inicio, expuestos al medio ambiente y no está prestando los servicios de cirugía ortopédica, consulta de ortopedia, fisioterapia y fonoaudiología en modalidad intramural”.
En el aspecto financiero, la Supersalud encontró que de un año a otro los pasivos se incrementaron en 123 %, al pasar de $ 7.544 millones en el 2018 a $ 16.808 millones en el 2019, lo que agravó su situación financiera.
“En promedio, cada mes el hospital recauda $ 2.450 millones, un flujo de efectivo insuficiente para cubrir los $ 3.095 millones que requiere por gastos de personal, gastos generales y prestación de servicios”, remata la entidad.
