La Procuradora Segunda Delegada para la Contratación Estatal, Gloria Yaneth Quintero Montoya, con fecha 13 de julio, expidió un Auto que levanta la suspensión provisional que por el término de tres meses había impuesto el 24 de abril al gobernador Ariel Palacios Calderón.
Lo anterior en desarrollo de una investigación disciplinaria por presuntas irregularidades en la celebración del contrato 0198 de 2020, con la Fundación Chocó Saludable por valor de 2.091.500 millones de pesos cuyo objeto es “prestar los servicios a través de una jornada de salud para el desarrollo de las acciones del plan de intervenciones colectivas bajo el enfoque técnico, de actividades para la prevención en las diferentes áreas que garanticen la protección de individuos, familia y comunidad frente la amenaza del coronavirus en las líneas de promoción y prevención de población Nars en las dimensiones ambiental, no transmisibles, salud mental, seguridad alimentaria y nutricional, sexualidad y derechos sexuales salud, ámbito laboral población vulnerable, y transmisibles en los componentes de infecciosa desatendidas y la tuberculosis”.
La sanción fue confirmada el 5 de mayo por la misma Procuraduría.
Ahora, la Procuradora Segunda Delegada para la contratación consideró que
1) En el Chocó existen 1268 casos activos y 1351 en espera de resultado.
2) En la ESE Departamental Hospital San Francisco de Asís en este momento no existen camas UCI disponibles
3) El gobernador encargado del Chocó se encuentra en aislamiento preventivo obligatorio por el término de 14 días y en espera de resultado de la prueba para COVID – 19, lo que implicaría ante un eventual resultado positivo la necesidad de designar un nuevo gobernador encargado, situación que implicaría una contingencia institucional que conforme a la realidad descrita resultaría inconveniente, toda vez, que es imprescindible y urgente la continuidad en el ejercicio de la función administrativa en la entidad territorial.
Y agrega: “Las anteriores circunstancias imponen a esta instancia de manera urgente la obligación de analizar si resulta conveniente mantener la medida de suspensión provisional impuesta por 3 meses al gobernador del departamento, la cual vencería en 10 días, y ponderar mantener la medida ante una eventual interrupción en la continuidad en la administración departamental que podría poner en riesgo los derechos fundamentales a la vida y a la salud de la población habitante de la entidad territorial”.
“Conforme lo anterior, es imperioso optar por la
“La anterior determinación se adoptará sin perjuicio que Ariel Palacios Calderón, en su calidad de gobernador del Chocó, continúa vinculado a la actuación e investigado por el posible desconocimiento de los principios de la contratación estatal al celebrar el contrato 201 de 2020”.
