Procuraduría solicita a la Corte remover medida de aseguramiento contra Aníbal Gaviria

La Procuraduría solicitó este martes a la Corte Suprema de Justicia remover la medida de aseguramiento que tiene el gobernador suspendido de Antioquia Aníbal Gaviria por presuntas irregularidades en la contratación pública.
El ministerio público envió una carta al magistrado Ariel Augusto Torres en la que asegura que existen los argumentos suficientes para tumbar la decisión de la Fiscalía General al imponerle dicha privativa de la libertad al mandatario departamental.
 “La Fiscalía General de la Nación no satisfizo con el rigor requerido dichas exigencias como quiera que no señaló las razones por las cuales considera que el sindicado no comparecerá al proceso, o por qué podría comprometer la conservación de la prueba”, expresa la misiva.
Según manifiesta la Procuraduría, el ente judicial no tuvo en cuenta las condiciones que debe tener una persona para imputarle una medida de aseguramiento, y en el caso de Aníbal Gaviria estos argumentos no son claros.

“Las medidas de aseguramiento y en especial la detención preventiva, deben ser asumidas por los funcionarios judiciales en sentido lato, como figuras que solamente proceden en circunstancias particulares y extraordinarias. En otras palabras, en nuestro ordenamiento jurídico la regla general debe ser mantener en total libertad a los procesados por la presunta comisión de una conducta punible mientras esperan el desarrollo y los resultados de un juicio”, señaló el Procurador Fernando Carrillo.
El pasado 5 de junio la Fiscalía General de la Nación impuso medida privativa de la libertad contra el gobernador Aníbal Gaviria por irregularidades en la contratación de su anterior administración. 
De acuerdo al ente judicial, los elementos probatorios dan cuenta del pago irregular de anticipos y otras anomalías en el proceso de contratación y construcción de la Troncal de La Paz, durante el primer periodo del gobernador entre 2004 y 2007.
Para el ente judicial, el gobernador suspendido era el representante legal del departamento, el ordenador del gasto y, aun cuando hubiese delegado la función de contratar, debía ejercer la vigilancia, coordinación y control de la delegación.