Por: Juan Gabriel Torres
Las desapariciones forzadas en Chocó se remontan a 1985, pero se agudizaron desde 1996 con la incursión de actores armados ilegales en la región, previa llegada de empresarios dedicados a la siembra masiva de palma africana en la zona del Darién. Desde entonces, y hasta 2020, aún se desconoce el paradero de más de 1.600 personas en el departamento.
“La llegada del paramilitarismo marcó en la región el inicio de las desapariciones de pobladores dueños de tierra, quienes se oponían al despojo de sus propiedades por parte de actores armados, auspiciados aparentemente por algunos empresarios”, explica el asesor de paz Modesto Serna.
La mitad de las desapariciones forzadas en Chocó (el 50%), entre los que se destacan 798 violaciones a los derechos humanos, se registran en cuatro municipios: Carmen del Darien, Acandí, Unguía y Río Sucio, este último con 506 casos. Así lo asegura Serna.
“Las cifras que se conocen en cuanto a desapariciones forzadas en Chocó generan debates al no existir consenso entre las cifras oficiales y las que manejan organizaciones étnico-territoriales, según las cuales el número puede ser superior”, afirmó Franklin Alverony Chamat, coordinador territorial de la Unidad para la Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD).
Las autoridades han reportado que muchas familias no denuncian este flagelo por diferentes razones, entre ellas por la seguridad, pues temen represalias. Uno de los casos más recientes de los cuales se tiene registro es la desaparición forzada de Tulio Mosquera, candidato a la Alcaldía del Alto Baudó, quien el 24 de agosto de 2019 fue retenido por hombres de la guerrilla del ELN mientras realizaba proselitismo político.
“La vida en nuestra familia no ha vuelto a ser la misma, ya ha transcurrido un año y los niños no saben nada acerca de su papá, viven preguntando cuándo lo van a poder ver y cómo se encuentra su estado de salud. Pedimos que por favor lo dejen en libertad para que termine esta incertidumbre que día a día vivimos”, expresó Martha Cárdenas, esposa de Tulio Mosquera.
Las desapariciones también han golpeado la cultura de los pueblos afros e indígenas en Chocó, pues al no conocer el paradero de sus familiares, no pueden realizar procesos ancestrales de despedida y sepultura. Asimismo, las víctimas no pueden tener una completa recuperación psicológica pese a los acompañamientos.
Diferentes sectores como la Iglesia Católica, representada en la diócesis de Quibdó y el Foro Interétnico Solidaridad Chocó, que aglutina a organizaciones étnico-territoriales y sociales del departamento, coinciden en que se requiere del acuerdo humanitario entre los grupos al margen de la ley y el gobierno, para evitar más violaciones a los derechos humanos.
Vale la pena recordar que la desaparición forzada es considerada un delito de lesa humanidad, de acuerdo a la declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzada, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 47/133 del 18 de diciembre de 1992, entre otras.
