La Fiscalía General llamó a juicio el
gobernador de Chocó Ariel Palacios
por presunta corrupción en los contratos del covid19.
La investigación
contra el mandatario da cuenta de la contratación
de actividades educativas y publicitarias que nada tenían que
ver con acciones para mitigar la propagación de la pandemia.
Señala el escrito
de acusación que el “contrato de prestación de servicios” N°198 del 15 de abril
de 2020, se suscribió de manera directa con la Fundación Chocó Saludable, bajo
el marco de la emergencia sanitaria para realizar jornadas de salud y mitigar el
impacto del virus en 27 municipios.
El contrato tuvo un valor de $2.091’500.000, y contempló 11
ciclos educativos en 116 comunidades indígenas, afrodescendientes y
Rom-gitanos, además de publicidad.
Luego de valorar los elementos de prueba, la Fiscalía General de la
Nación radicó ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de
Justicia escrito de acusación contra el gobernador de Chocó, Ariel Palacios
Calderón, por presuntas irregularidades de contratación al amparo de la
emergencia sanitaria por el Covid-19.
Los hechos investigados tienen relación con el “contrato de
prestación de servicios” N°198 del 15 de abril de 2020, suscrito de manera
directa con la Fundación Chocó Saludable, para realizar jornadas de salud y
mitigar el impacto de la pandemia en 27 municipios.
El contrato, cuyo valor ascendió a $2.091’500.000, contempló
11 ciclos educativos en 116 comunidades indígenas, afrodescendientes y
Rom-gitanos; así como un plan de difusión de mensajes a través de pasacalles,
vallas, pendones, plegables, cuñas y piezas audiovisuales, entre otros
productos.
La celebración del citado contrato habría vulnerado decretos
y resoluciones que establecen los parámetros de contratación, en virtud de la
coyuntura por el Covid -19. Adicionalmente, se conoció que en el proceso de
selección no fueron invitadas Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) del
departamento. La convocatoria fue dirigida a entidades de otra región que, al
parecer, no tenían las competencias, perfil, experiencia, condiciones técnicas
y operativas. Una de estas, la Fundación Chocó Saludable.
De otra parte, la finalidad del contrato, de carácter
preventivo y publicitario, presuntamente desconoció las verdaderas necesidades
de las poblaciones priorizadas, y desatendió las deficiencias en salud pública.
Por estas y otras supuestas anomalías, un fiscal delegado
ante la Corte Suprema de Justicia presentó escrito de acusación contra el
gobernador Palacios Calderón por los delitos de: contrato sin cumplimiento de
requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado
por apropiación en la modalidad de tentativa.
La Fiscalía hace pública esta información por razones de
interés general
