Fue desarticulación de una organización conocida como ‘Los Mexicanos’, que tenía azotado a Quibdó con homicidios, extorsiones, tráfico de estupefacientes y desplazamientos. Asimismo, hay evidencia de que tendría una alianza criminal con el frente de guerra occidental del ELN, con el propósito de ampliar su actuar ilícito.
La Fiscalía, a través de su policía judicial CTI y en una labor conjunta con el Gaula Militar, logró captura de 23 presuntos integrantes de este grupo ilegal, siete de ellos notificados en centros carcelarios donde permanecen privados de la libertada por otros procesos.
Entre los detenidos están el señalado cabecilla, alias Zety; el secretario de Hacienda de Chocó, Willington Vidal Rojas; y un técnico en carrera administrativa de la Gobernación, Carlos Andrés Ramos Murillo.
“Este es un resultado contundente. Es una de las intervenciones contra el crimen organizado en Choco y en Quibdó más importantes. Esta es la cuarta visita que hago al departamento de Chocó y no vamos a permitir que estas estructuras atemoricen a la población”, indicó el Fiscal General, Francisco Barbosa Delgado, al revelar detalles de ‘Los Mexicanos’.
En un año de interceptaciones de comunicaciones, recolección de testimonios y otras actividades investigativas, la Fiscalía obtuvo abundante material de prueba que da cuenta del cobro de extorsiones a funcionarios como jueces, fiscales, trabajadores de la Gobernación de Chocó y la Alcaldía de Quibdó, así como comerciantes y transportadores.
‘Los Mexicanos’, al parecer, iniciaron su actividad ilícita en 2018, ejerciendo control sobre los expendios de estupefacientes en dos comunas de Quibdó y fueron extendiendo su influencia criminal en la ciudad. En este momento hay indicios sobre su posible participación en asesinatos selectivos, instrumentalización de menores de edad, y hurtos de celulares y de motocicletas. En estos casos, supuestamente, llamaban a las víctimas y les exigían dinero para devolverles las pertenencias.
En lo que respecta a los funcionarios de la Gobernación de Chocó, se estableció que serían los encargados de elaborar los panfletos extorsivos; incluso, uno de ellos, estaría involucrado en tráfico de estupefacientes.
Un fiscal de la delegada para la Seguridad Ciudadana imputó a los 23 procesados, según su nivel de participación, los delitos de: homicidio agravado, tentativa de homicidio, desplazamiento forzado, amenazas, extorsión, tráfico de estupefacientes; tráfico y porte ilegal de armas; y concierto para delinquir.
Adicionalmente, a los funcionarios les imputaron el delito de asesoramiento a grupos armados ilegales. Los procesados no aceptaron los cargos y la Fiscalía solicitó al juez de control de garantías imponer medidas de aseguramiento en centro carcelario.
En las diligencias de captura de estas personas se incautaron 2 armas de fuego, munición, computadores, $42’000.000 en efectivo, 17 celulares de gama alta, uniformes privativos de las Fuerzas Armadas y dos motocicletas. También fueron encontrados documentos, libros de contabilidad y extractos bancarios con un saldo superior a los 1.000 millones de pesos.
