Entre julio, agosto y septiembre de este año, según la Defensoría del Pueblo, se registraron 21 casos de desplazamiento forzado que afectaron a más de 15.600 personas y 10.000 personas confinadas por las acciones violentas de grupos armados ilegales.
En comparación con el mismo trimestre (julio, agosto y septiembre) del 2020, en el 2021 se incrementó un 213% el número de familias afectadas (se pasó de 1.682 a 5.266) y en un 107% el de personas (de 7.542 a 15.644).
Estos 21 casos de desplazamiento afectaron a 5.266 familias en doce municipios de los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cauca, Chocó, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca.
En el mismo periodo julio, agosto y septiembre de este año las acciones de las organizaciones armadas impidieron la movilidad de 10.065 personas, que integran 2.454 familias de 38 comunidades, las cuales debieron permanecer confinadas ante el temor de afectaciones a su vida e integridad.
Ocurrieron 14 hechos en Caloto (Cauca); Acandí, Alto Baudó, Bajo Baudó, Litoral del San Juan, Medio San Juan y Nuquí (Chocó); Tumaco (Nariño); Puerto Leguízamo (Putumayo) y Buenaventura (Valle del Cauca).
Durante el mes de julio de este año se observó que el Pacífico seguía siendo el epicentro de la disputa territorial por las actividades relacionadas con el narcotráfico y la minería ilegal por lo que persiste el riesgo de desplazamientos y confinamientos forzados.
Un punto también preocupante de este informe de la Defensoría del Pueblo es que las personas desplazadas que estaban regresando a sus hogares lo hacía sin acompañamiento de las autoridades, sin garantías de seguridad, pero al no tener un apoyo se vieron obligadas a regresar, pese a que el peligro por cuenta de los de los grupos armados que operan en las zonas del país es permanente.
