Los ex gobernadores Efrén Palacios Serna, Johanny Carlos Alberto Palacios Mosquera y Hugo Arley Tovar Otero, fueron acusados de varios delitos en la investigación que se adelanta por el millonario desfalco en el fallido proyecto de gas domiciliario en 11 municipios del Chocó, los cuales son: Quibdó, Istmina, Tadó, Unión Panamericana, Condoto, Nóvita, Cértegui, Bagadó, Andagoya, Atrato y Cantón de San Pablo.
El pasado 13 de octubre, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, realizó la audiencia virtual de imputación de cargos, presidida por el magistrado José Joaquín Urbano Martínez.
El fiscal 1 delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Jorge Díaz Soto, imputó al exgobernador Efrén Palacios Serna, de la posible comisión de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en concurso con peculado por apropiación agravado.
El ex gobernador Johanny Carlos Alberto Palacios Mosquera, fue imputado de la posible comisión del delito de peculado por apropiación agravado, en dos concursos homogéneos y agravados.
El ex gobernador Hugo Arley Tovar Otero, fue imputado de la posible comisión de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en concurso heterogéneo con falsedad ideológica en documento público.
Las cuatro personas involucradas no se allanaron a los cargos de la fiscalía. El magistrado les puso de presente la prohibición de enajenar bienes por los próximos seis meses.
En los próximos días se convocará a la audiencia de imposición de medida de aseguramiento. Este proceso penal, con el radicado 11001600010220200021100, tiene relación con el fallido proyecto de gas domiciliario en once municipios del Chocó.
Como se recordará, el proyecto de gas natural domiciliario para el Chocó fue planeado el año 2012, siendo gobernador Hugo Tovar. El OCAD Pacífico aprobó los primeros 17.838 millones de pesos de recursos de regalías para iniciar la ejecución del proyecto en la zona del San Juan.
El siguiente gobernador Efrén Palacios Serna, adjudicó dos contratos, el primero por 16.680 millones de pesos, con la empresa Universal de Servicios Públicos, para la “construcción del sistema de masificación de gas natural en Istmina, Tadó, Unión Panamericana y Condoto” y otro mas por la suma de 1.157 millones de pesos, con la Fundación Especializada en Sistemas y Servicios, para la interventoría.
El 25 de septiembre de 2014 el Ministerio de Minas y Energía firmó con Universal de Servicios Públicos, el convenio 226 por 43.263 millones de pesos para “la masificación de gas natural por redes en Quibdó, para dar cobertura a 28.073 usuarios”.
Y, para subsidios de conexión de gas a 25.929 usuarios en Quibdó, la gobernación del Chocó firmó otro contrato, el convenio 011 de febrero 27 de 2015 con la misma Universal de Servicios Públicos por 10.413 millones de pesos de recursos de regalías.
En el 2015 el entonces gobernador del Chocó firmó el convenio 036 con Universal de Servicios Públicos, por 10.397 millones de pesos para masificación de gas natural domiciliario en Nóvita, Cértegui. Bagadó, Andagoya, Atrato y Cantón de San Pablo.
En total se han firmado convenios y contratos por 81.910 millones de pesos para este proyecto de gas natural domiciliario en el Chocó, lo cual ha sido un verdadero fiasco; lo que no mereció tan siquiera una llamada de atención por parte de los diferentes gobernadores a la empresa.
La empresa Universal de Servicios Públicos expidió un comunicado donde afirmó que la suspensión del servicio se debía al “cambio climático a través del inclemente invierno, pésimo estado de las vías y problemas técnicos de operación”. A las pocas semanas levantó el vuelo y con todo y sus oficinas desapareció como por arte de magia.
En septiembre de 2019 la Contraloría General de la República, a través de su Unidad de Regalías, publicó un primer informe donde determinó un presunto detrimento patrimonial de $19.436 millones de pesos en este proyecto. Es con base en estos hallazgos que ahora se adelanta el proceso penal.
