Con ponencia de la Magistrada Mónica Patricia Rodríguez Ortega, el Tribunal Superior de Quibdó confirmó este miércoles la condena de prisión contra Maria Escolástica moreno Salazar y Julio Cesar Rosero Mena, por su participación en la falsificación de un proceso judicial y la apropiación ilegal de más de $1,095’000,000 M/Cte., dineros pertenecientes al régimen de la salud de los chocoanos que estaban bajo la administración de Caprecom.
De esta manera, el Tribunal Superior de Quibdó dejó en firme la condena que en abril del año pasado había dictado el Juez Penal del Circuito de Istmína, hallando a los acusados penalmente responsables de los delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento y enriquecimiento ilícito de particulares.
El Tribunal ratificó la sentencia de primera Instancia, indicando que: “existe respaldo probatorio (documental y testimonial) sobre las actividades que realizaban Moreno Salazar y Rosero Cuesta, con el fin de apropiarse de recursos públicos en virtud del proceso ejecutivo que se adelantó por parte de la Droguería Boston Plaza contra la Caja de Previsión Social de Comunicaciones Caprecom por la presunta entrega de medicamentos a pacientes de esa EPS, litigio que torticeramente fue creado en conveniencia con el juez que conocía del proceso.
La actuación desviada de los procesados, permitió que recursos que el Municipio de Quibdó adeudaba a Caprecom por prestación de servicios de salud a sus afiliados del régimen subsidiado, fueran embargados y retenidos hasta por la suma de $1.095.896.840, afectando la cuenta maestra del referido ente territorial, logrando con ello que dichas sumas fueran depositados en la cuenta bancaria de la particular Bechara Cuesta” .
Según los magistrados de la Sala Unica del Tribunal, los condenados atentaron contra la administración pública y de justicia y se enriquecieron ilícitamente con ello, por lo que confirmó la pena de prisión contra ambos.
Cabe recordar que en el Juzgado Primero Civil Municipal de Quibdó, se tramitó un proceso judicial en contra de Caprecom E.P.S, en el cual se embargaron y cobraron recursos del régimen subsidiado de salud, los cuales estaban depositados en una cuenta bancaria de la alcaldia de Quibdó.
De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía Séptima Seccional de Quibdó, todo el proceso civil fue inventado por el Juez y los particulares, en el que se aportaron facturas falsas a nombre de una droguería de la ciudad de Medellín para simular el suministro de diversas cantidades de medicamentos a favor de Caprecom Eps.
Por medio de una irregular orden judicial se entregó la suma de $1,095’000,000 M/Cte. la cual fue retirada por la abogada Sandra Bechara, de las oficinas del Banco de Bogotá, utilizando varios sacos y cajas de dinero en efectivo.
En juicio oral, la profesional del derecho confesó haber actuado de acuerdo a un plan previo, pactado con los hoy condenados y el entonces Juez Primero Civil Municipal de Quibdó, Arsenio Valoyes Pino, quien según la sentencia, lideraba la organización criminal. En octubre de dos mil diecisiete (2017), el Tribunal Superior de Quibdó, ya había condenado a 23 años de prisión al exfuncionario judicial.
Así las cosas, Maria Escolástica Moreno Salazar y Julio César Rosero Mena, deberán pagar una pena de prisión superior a los 14 años de prisión y cancelar multas de $3.013.716.310 y $1.184.903.750, respectivamente.
El fallo también ratificó la orden de librar boleta de encarcelación con cargo a la cárcel Anayancy de Quibdó y emitir ante el CTI y los correspondientes organismos de policía judicial, orden de captura en contra del señor Julio Cesar Rosero Mena, apodado el Cholo.
