La Procuraduría General de la Nación formuló cargos al gobernador del Chocó, Efrén Palacios Serna (2013-2015), y al secretario de Desarrollo Económico y Recursos Naturales, José Nixon Chamorro Caldera (2014-2015), supervisor del Contrato 8 de 2005 celebrado con la empresa Constructec para la adecuación de 250 estanques piscícolas, en cuya ejecución se habrían presentado irregularidades.
Al parecer, a través de un otrosí, los implicados modificaron algunos precios unitarios así como varios ítems de cantidades y especificaciones, en el bilateral suscrito para fortalecer a asociaciones de pequeños productores piscícolas de los municipios de Atrato, Condoto y Medio Baudó, supuestamente por recomendación del Ministerio de Agricultura, sin que la gobernación hubiese soportado las razones de estos cambios.
Asimismo, habrían ordenado, sin justificación alguna, aumentar el monto del anticipo del 30 % al 40 % del valor del contrato celebrado con aportes del citado ministerio por $1.417’051.275, y pagar el saldo final acordado sin cumplir con las obligaciones pactadas, el término de ejecución ni otros parámetros establecidos en el acuerdo de voluntades.
Para el Ministerio Público, Palacios Serna y Chamorro Caldera pudieron desconocer los principios de transparencia y responsabilidad contemplados en el régimen de la contratación estatal.
El ente de control recordó en el auto que los servidores públicos deben ceñirse “(…) a los principios que rigen la contratación estatal, evitando así actuaciones en contravía del marco normativo vigente o cualquier afectación a los intereses de la entidad pública en la cual ejercen funciones, y la comisión de cualquier acto de corrupción o desvío de funciones públicas (…)”.
Provisionalmente, las faltas del exrepresentante legal del departamento y el exsecretario de Desarrollo Económico y Recursos Naturales fueron calificadas como gravísimas a título de dolo.
Los sujetos procesales podrán presentar su versión acerca de los hechos objeto de investigación y/o solicitar o aportar pruebas, si lo estiman pertinente.
Finalmente, la Procuraduría remitió copias del expediente a la fiscalía general de la Nación para lo de su competencia.
