La Defensoría del Pueblo hace un llamado a entidades
nacionales y departamentales para que atienda la situación de confinamiento en
la que están unos 5000 habitantes del casco urbano de Novita, Chocó, y cerca de
600 personas que hace una semana debieron abandonar sus viviendas en las zonas
rurales de ese poblado para resguardarse en su cabecera municipal, por cuenta
de enfrentamientos armados entre la guerrilla del ELN e integrantes de las
Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo).
El confinamiento se debe al paro armado decretado por el ELN
en Novita y sus inmediaciones el pasado 27 de mayo, hecho que ha impedido la
movilización de las caravanas que tienen como objetivo llevar todo tipo de
asistencia humanitaria a las personas en situación de desplazamiento y a las
que viven en el casco urbano, familias que también han hecho las veces de
receptoras para dar vivienda temporal a quienes tuvieron que dejar abandonados
su bienes y enseres.
El trabajo interinstitucional debe verse reflejado a la
mayor brevedad en beneficio de las cerca de 5600 personas que están confinadas
en este momento en Novita. No hay transporte fluvial ni terrestre. Es un
llamado urgente que la Defensoría del Pueblo hace para que sean protegidos y
garantizados los derechos a la alimentación, al agua potable, a la libre
movilidad, a la salud y a la vida de las personas que están en unas condiciones
que se están tornando lamentables.
Para hacerle frente a la problemática colectiva, la
Defensoría del Pueblo viene haciendo labores conjuntas con otras entidades. El
propósito es lograr abrir un corredor humanitario que permita llevar las ayudas
a quienes están en Novita. Es imperativo contar con ese paso, la población
civil no puede seguir siendo afectada por el accionar indiscriminado de los
actores armados ilegales.
Lo que está sucediendo tiende a agravarse por la caída de un
puente vehicular en el municipio de Río Iró hace poco más de 20 días. La
estructura sigue colapsada y los arreglos aún no inician, sin que hasta el
momento haya una respuesta de las entidades competentes.
La Defensoría, igualmente, pide que sean protegidas las
viviendas y las pertenencias de quienes tuvieron que dejar abandonado
prácticamente todo para no verse en medio de las hostilidades entre el ELN y
las AGC y así no comprometer su integridad y vida.
Además, le solicita al Gobierno Nacional y a la fuerza
pública apelar a los medios necesarios para que sea garantizada la libre
movilidad en la región del San Juan, en la zona centro sur del departamento del
Chocó.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo recuerda que eventos
masivos de desplazamiento y confinamiento van en contravía del Derecho
Internacional Humanitario y no aportan a la construcción de paz en el país. La
entidad llama al ELN para que le ponga fin al paro decretado hace unos días, a
que avance en la búsqueda de la paz con hechos que en ningún caso pongan en
riesgo a la población civil.
