Astrid Cáceres, directora del ICBF, asegura que se encontraron 220 contratos irregulares con operadores relacionados con clanes políticos.
La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Eliana Cáceres Cárdenas, ha levantado la voz contra lo que describe como una presunta corrupción dentro de la entidad. En un comunicado emitido el domingo 3 de marzo, Cáceres detalló una serie de hallazgos preocupantes que apuntan a irregularidades en la gestión de contratos y en la ejecución de proyectos destinados al cuidado y desarrollo de la infancia en Colombia.
Según Cáceres, se descubrieron 220 contratos en manos de 59 operadores que comparten el mismo representante legal, dirección de domicilio, fecha y características de constitución. Además, se identificaron errores significativos en el objeto y alcance de estos contratos, lo que plantea serias dudas sobre su legitimidad y propósito.
Uno de los puntos más alarmantes señalados por la directora es la discrepancia entre el número de niños atendidos, según los cupos otorgados y pagados, lo que sugiere posibles irregularidades en la ejecución de los programas y proyectos. Además, algunos proyectos fueron ejecutados en un tiempo considerablemente menor al previsto, aparentemente con el objetivo de evitar el pago a proveedores. Sin embargo, estos pagos aún fueron reclamados al ICBF como si se hubieran cumplido en el plazo establecido.
Cáceres también destacó una preocupante correlación entre los contratos de ciertos operadores y un aumento en el número de muertes de niñas y niños por desnutrición. En sus palabras, “Con estas instituciones, el ICBF ha dejado de contratar, promoviendo el control a la veeduría ciudadana”, insinuando una posible relación entre algunas organizaciones contratistas y clanes políticos locales.
Además, se encontró presunta documentación falsificada en las carpetas de contratación del ICBF, diseñada para respaldar la experiencia de los operadores que atienden a la primera infancia. Estos descubrimientos han llevado a que los casos sean puestos a disposición de las autoridades pertinentes para que tomen las medidas adecuadas.
Estas revelaciones llegan en un momento crítico, ya que la Contraloría ha emitido una alerta sobre la situación de más de 780 mil niños y niñas menores de cinco años que llevan más de un mes sin recibir atención por parte del ICBF. Esta situación se atribuye a demoras en el proceso de contratación de la entidad para atender los Centros de Desarrollo Infantil, lo que representa una grave amenaza para una de las poblaciones más vulnerables de Colombia.
