Bajo el estremecedor lema "Al colegio quiero llegar,
pero transporte no quieren mandar", estudiantes y padres de la
Institución Educativa Simón Bolívar, ubicada en el corregimiento de Playa
Roja, municipio de Nuevo Belén de Bajirá, han iniciado un paro cívico
indefinido. La comunidad educativa exige soluciones urgentes a una crisis de
transporte que no solo ha complicado la logística diaria, sino que también ha
puesto en peligro la vida de los estudiantes, culminando trágicamente en la muerte
del niño Juan José Arrieta Úsuga el año pasado para el mes de febrero.
Este paro cívico es un grito desesperado por atención y
acción inmediata frente a un problema que parece haber sido consistentemente
ignorado por las autoridades locales y regionales. Los estudiantes, forzados a
viajar en condiciones precarias como colgados de vehículos y motocicletas o
enfrentando extenuantes caminatas de varias horas, están expuestos diariamente
a riesgos que ningún niño debería enfrentar simplemente para acceder a su
derecho a la educación.
La muerte de Juan José no solo es una tragedia personal para
su familia y amigos, sino que también es un severo indicativo del abandono
estatal hacia sus ciudadanos más vulnerables. A pesar del fatal desenlace, las
autoridades aún no han implementado medidas efectivas para garantizar la
seguridad y el bienestar de los estudiantes durante sus trayectos escolares.
La comunidad de Playa Roja, fatigada y frustrada, ha tenido
que recurrir a medidas extremas para llamar la atención sobre esta negligencia
continuada. Este paro cívico no solo busca soluciones inmediatas y eficaces al
problema del transporte, sino también pretende resaltar la apatía y la falta de
respuesta efectiva de aquellos en el poder.
La indiferencia de las autoridades no solo perpetúa la
desigualdad y el riesgo, sino que también subraya una desconexión alarmante
entre los gobernantes y las necesidades reales de las comunidades que están
destinadas a servir. Esta situación en Playa Roja no es un incidente aislado,
sino un síntoma de un problema mucho más amplio y profundo en la gestión de
recursos y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Desde Playa Roja, los estudiantes y padres de familia hacen
un llamado enfático a las autoridades para que prioricen la vida y la seguridad
de los niños por encima de la burocracia y la indiferencia. Es imperativo que
este llamado se atienda con la urgencia que la gravedad del asunto demanda. La
comunidad de Playa Roja espera no tener que lamentar otra vida inocente antes
de que se tome acción.
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