Este 9 de abril, se conoció que la fiscalía general de la Nación acusará
formalmente al expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación
de testigos. El exmandatario es acusado como presunto determinador de los
delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude
procesal.
Cabe señalar que Álvaro Uribe es el primer expresidente de la
historia en Colombia que es llamado a juicio.
Precisamente, los testimonios que la Fiscalía tuvo en cuenta para
construir el escrito de acusación contra Álvaro Uribe, que fue radicado en la mañana de este martes
ante el Complejo Judicial de Paloquemao, fueron los del exparamilitar Juan
Guillermo Monsalve y de su exesposa Deyanira Gómez, así como también
el del también exparamilitar Carlos Enrique Vélez.
La decisión la adoptó el fiscal primero delegado ante la Corte Suprema
de Justicia Gilberto Villarreal, quien tenía el caso desde el 16 de enero,
luego que se le hubiera asignado por reparto.
El próximo 15 de abril se cumplían los 90 días de plazo para
que la Fiscalía definiera el futuro judicial del expresidente.
Posteriormente, a través de un comunicado, la Fiscalía aseguró que el
escrito de acusación radicado contra Uribe se realizó “a partir de la evidencia
física y los elementos materiales probatorios recaudados y estudiados por
el despacho al cual correspondió este expediente por reparto hace tres meses”.
De esta forma, agregó el ente acusador, la decisión del fiscal delegado
fue adoptada después de dos solicitudes de preclusión de fiscales
diferentes que habían sido desestimadas por las jueces penales
del circuito competentes.
“Una vez el Centro de Servicios Judiciales del Complejo Judicial de
Paloquemao de Bogotá cumpla con el reparto y se conozca el juzgado penal del
circuito al que le corresponda el juicio, se realizará la audiencia de
formalización de la acusación, en la fecha y hora que fije la judicatura”,
precisó la Fiscalía en el documento.
Por otra parte, la Fiscalía aseguró que “garantiza el derecho al debido
proceso en la presente y en todas las actuaciones a su cargo”.
Así, agregó, “el investigado y su defensa, el agente especial de la
Procuraduría General de la Nación y quienes reclaman la calidad de víctimas con
sus apoderados, tendrán la oportunidad de solicitar pruebas y participar
en el debate oral con la práctica e incorporación de medios probatorios y
alegaciones, que deberá culminar con la emisión de un fallo”.
