La Procuraduría General de la
Nación rechaza de manera vehemente la acción criminal de las organizaciones
Ejército de Liberación Nacional (Eln), Clan del Golfo y Disidencias de las
Farc, que tienen a la población civil más vulnerable del departamento del Chocó
sometida a la crueldad de sus acciones en virtud de sus enfrentamientos.
El llamado “paro armado” declarado por el ELN en esta región del país es
inaceptable, toda vez que mantiene confinadas a más de 10 mil personas, según
lo ha dicho la señora gobernadora del departamento, Nubia Carolina Córdoba.
También es reprochable y condenable que estas organizaciones criminales
hayan sembrado de minas antipersona un amplio territorio de este departamento,
poniendo en riesgo a la población civil.
“Como jefe del Ministerio Público solicito al Gobierno Nacional y demás
autoridades actuar con urgencia para proteger a la población civil de estas
agresiones inaceptables. Debo recordarles al Gobierno nacional y a las demás
autoridades que son fines esenciales del Estado (...) mantener la integridad
territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas
las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y
demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares”.
La Procuraduría General de la Nación está atenta con su labor de
vigilancia y seguimiento a las acciones de las autoridades para prevenir la
consumación de riesgos contra la vida e integridad de las comunidades y
garantizar el ejercicio de sus derechos.
