El representante Carlos Jhoany
Palacios fue acusado por presuntas irregularidades en contratos firmados cuando
fue gobernador del Chocó. La Corte Suprema lo investiga por peculado y
contratación indebida. El caso involucra más de $1.000 millones de recursos
públicos.
La Sala de Instrucción de la
Corte Suprema de Justicia profirió acusó a el representante a la Cámara por el
Partido Liberal, Jhoany Carlos Alberto Palacios Mosquera, por los delitos de
contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a
favor de terceros. Una vez quede en firme la decisión, esta será remitida a la
Sala Especial de Primera Instancia para el inicio del juicio contra Palacios.
La investigación contra el
representante se remonta a su periodo como gobernador del departamento del
Chocó (2016-2019), durante el cual habría incurrido en presuntas
irregularidades en la gestión y liquidación de contratos de 2017 destinados a
la mejora de la plaza de mercado del municipio de Itsmina (Chocó).
Uno de los contratos
cuestionados fue celebrado con el Consorcio Plaza de Mercado Itsmina, además de
otro correspondiente a la interventoría de la obra. Según el alto tribunal, el
detrimento patrimonial investigado asciende a $1.082 millones, y habría
beneficiado a terceros vinculados a la ejecución de los convenios.
En noviembre de 2023, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema abrió la investigación formal contra Palacios Mosquera. De acuerdo con el alto tribunal, el contrato de la plaza de mercado estaba firmado por un valor de $3.435 millones.
El convenio habría sido
adjudicado sin cumplir con los requisitos técnicos mínimos, al no contar con
estudios de arquitectura, suelos ni ambientales, lo que habría vulnerado los
principios de planeación, transparencia y economía. La Corte también señala que
el inmueble en el que se proyectaba desarrollar la obra estaba ocupado por
terceros, lo que habría impedido su ejecución en los términos acordados.
Por otro lado, se detectaron
retrasos significativos en la obra: aunque el plazo inicial era de cuatro
meses, los trabajos se extendieron por más de 622 días, con adiciones
presupuestales que, según la Sala, carecían de justificación técnica
suficiente. Estas irregularidades son ahora el centro del proceso judicial que
enfrenta el congresista
