Por posibles irregularidades
en un contrato del Ministerio de Cultura para la construcción de un teatro en
Quibdó, Chocó, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación
disciplinaria contra el entonces representante legal del Consorcio Esparza SAM
e interventor, Édgar Eduardo Esparza Santos.
La investigación también
cobija al entonces coordinador Grupo de Infraestructura Cultural y supervisor
del contrato de obra, Camilo Andrés Hurtado González.
Se trata del nuevo teatro
César Conto Ferrer, obra que supera los $ 17 mil millones, de los cuales
$13.400 millones corresponden a los aportes hechos por el Ministerio de Cultura
que se han destinado a la ejecución de la construcción, mediante contrato de
obra suscrito con la firma Axioma Ltda. y el bilateral de interventoría
celebrado con el mencionado consorcio por un valor inicial de $451.346.235.
Al parecer, la obra, una vez
concluido el plazo de ejecución del contrato, no fue terminada.
El ente disciplinario ordenó
la apertura de investigación tras el presunto incumplimiento del objeto del
contrato obra 3282 de 2017 y la correspondiente obligación tanto del
interventor como del supervisor de vigilar su desarrollo y correcta ejecución.
El Ministerio Público requirió
los estudios y diseños del proyecto, así como los informes finales de ejecución
e informes que den cuenta del estado actual de la construcción del nuevo teatro
y de las acciones emprendidas por las entidades involucradas para la
terminación del proyecto, posterior al contrato de obra 3282 de 2017.
Respecto del contrato de
interventoría, celebrado entre el Ministerio de Cultura y el Consorcio Esparza
SAM, solicitó al Ministerio de Cultura información del proceso de liquidación
del contrato de obra.
Adicionalmente, la
Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal solicitó a la
Dirección Nacional de Investigaciones Especiales un dictamen pericial que
permita establecer si las obras entregadas se ajustaron a las especificaciones
propias de la labor contratada y si las obligaciones asignadas al interventor y
al supervisor fueron cumplidas según los términos previstos.
